La iniciativa de Ley para la Asignación de Publicidad Oficial del Estado de Chihuahua presentada para su análisis y aprobación al Poder Legislativo, en ninguna forma busca entrometerse con la política editorial de los medios de comunicación y mucho menos censurarlos.
Así lo señaló el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, en entrevista en el programa radiofónico “A 3 voces” que se transmite en cadena estatal, donde reiteró que lo que busca es regular y transparentar el gasto en publicidad que se emita desde cualquier entidad que maneje recursos públicos.
Pinedo Cornejo descalificó las críticas que se han vertido en contra de la iniciativa sin antes conocerla y en algunos casos por interés particular, por lo que señaló que continuará la difusión de la misma para que la ciudadanía y sobre todo los medios de comunicación, la conozcan ampliamente.
“Creo que la ley está para precisamente discutirse, observarse, corregirse, ampliarse, aumentarse, mejorarse, definitivamente. Incluso si hay por ahí alguna cuestión que incomode justificadamente. O sea, no es punto final, es una propuesta que se elaboró en el Poder Ejecutivo, pero que se va a discutir en el Legislativo, se va a ampliar, se va a mejorar, se va a adicionar, etcétera”, indicó.
El coordinador de Comunicación del Gobierno rechazó tajante que la iniciativa busque entrometerse con la política editorial de los medios, como engañosamente han criticado algunos, sino que transparenta la relación con los medios básicamente y se trata de una ley –si es aprobada—de carácter general, para todos los medios de comunicación y para todas las entidades que manejan fondos públicos en el estado de Chihuahua.
En algunos casos, dijo, ha habido descalificaciones interesadas, incluso algunas que con descaro mienten, manipulan y dicen que es una ley mordaza, cuando en realidad la iniciativa tiene el reconocimiento de organismos serios como lo son el Colectivo Medios Libres y Artículo 19.
Ambos organismos, indicó el Coordinador, que están dedicados a observar a los medios de comunicación, a la comunicación del Gobierno y al manejo de los dineros públicos destinados a la publicidad, quienes están dando un aval a la propuesta del gobernador de Chihuahua Javier Corral.
Pinedo Cornejo reiteró que lo que menos ha sido este Gobierno, es restrictivo en la Libertad de Expresión y en el Derecho a la Información de todos los ciudadanos, por eso, algunas de las críticas que se han vertido son de personas interesadas en el “embute” o “chayote” que se les daba en el sexenio anterior.
Al respecto, mencionó públicamente que tanto el Colectivo Medios Libres, como Artículo 19 señalan que se trata de una iniciativa que trasciende a la propia Ley Federal que fue publicada el 11 de mayo pasado y que ahora está en la cancha del Congreso para su discusión y aprobación.
En la página Web de la Coordinación de Comunicación www.unidosconvalor.gob.mx, se pueden encontrar los comentarios vertidos por ambos organismos internacionales relacionados con la propuesta del gobernador Javier Corral y sintetizados en los siguientes puntos:
1. La iniciativa presentada cuenta con una serie de elementos importantes que atienden los más altos estándares internacionales y que deben de mantenerse al momento de su aprobación.
2. Define claramente los contenidos de la publicidad oficial y es explícita sobre las prohibiciones de acuerdo a los parámetros constitucionales; prohíbe expresamente la publicidad engañosa y aquella que difunde imágenes, voces, símbolos, etcétera, de funcionarios públicos o partidos.
3. Reconoce que la publicidad oficial debe ser identificable.
4. Prevé un mecanismo de planeación de las campañas de construcción de los mensajes y de identificación de los medios que serán responsables de su difusión.
5. Establece criterios de asignación de la pauta y no solamente está relacionada con el rating o el nivel de la audiencia.
6. Fija controles al ejercicio presupuestario.
7. Crea un consejo consultivo y determina mecanismos, control y revisión de la asignación de la pauta.
8. Obliga a los entes públicos a transparentar toda la información relacionada con la asignación de la pauta y a publicar en un espacio determinado los contratos.
9. Fija una serie de sanciones para los funcionarios públicos que incumplen con las disposiciones ahí establecidas.
