Entre 2008 y 2010, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, en esa entidad del norte del país los militares cometieron crímenes de lesa humanidad, denunciaron organizaciones civiles ante la Corte Penal Internacional (CPI).
“Los militares cometieron de forma sistemática crímenes graves, en particular, torturas, privaciones graves de la libertad física, desapariciones forzadas, asesinatos, violación y violencia sexual”, advirtieron en un informe de 78 páginas.
“Podrían constituir crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte, por su carácter sistemático y por realizarse a través de patrones regulares de actuación, lo que constata su carácter organizado”.
Según las organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en esos dos años más de 120 personas fueron víctimas de los delitos mencionados, según 26 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 2 casos documentados por Human Rights Watch y 7 reportes periodísticos.
Esta es la tercera comunicación que envían a la Corte Penal Internacional argumentando crímenes de lesa humanidad.
En 2014, entregaron un informe sobre patrones en Baja California entre 2006 y 2012, y el año pasado hicieron lo propio sobre la situación que sufrió Coahuila entre 2009 y 2016.
En esta ocasión, destacan el uso de recursos públicos para cometer los delitos, ya que se emplearon vehículos militares para la detención arbitraria de ciudadanos y las torturas se realizaron en instalaciones militares.
“Presentamos esta información a la Fiscalía con el objetivo de poner fin a la impunidad en la que estos graves crímenes continúan, ante la inacción del sistema de justicia mexicano y la inexistencia de procedimientos nacionales auténticos”, plantearon las organizaciones.
En uno de los casos, basado en la Recomendación 66/2011 de la CNDH, se señala que militares detuvieron el 3 de diciembre de 2009 a dos personas en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
Los acusaron de ser dueños de tierras donde habían encontrado un “secadero de mariguana”, por lo que los militares los amarraron, los golpearon y amenazaron con ahogarlos en el río.
Los soldados abandonaron a una de las personas, que ya no podía caminar, y el cuerpo de la otra fue localizado sin vida en Tepehuanes, Durango.
Fuente: Reforma
